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Faltas administrativas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y el uso de recursos públicos durante la administración estatal de Nuevo León

  • Foto del escritor: Rodolfo Magallón
    Rodolfo Magallón
  • 27 ene
  • 3 Min. de lectura

Contexto general


El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey constituye un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, encargado de prestar un servicio público esencial. En los últimos años, dicho sistema ha sido objeto de señalamientos públicos relacionados con fallas operativas, deficiencias en el servicio, retrasos en proyectos de infraestructura y resultados limitados, a pesar del incremento significativo en el gasto público destinado al sector movilidad.


Faltas administrativas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y eluso de recursos públicos durante la administración estatal de Nuevo León

Paralelamente, la administración estatal encabezada por el Gobernador Samuel García Sepúlveda ha impulsado diversos proyectos y estrategias en materia de transporte, los cuales han implicado el ejercicio de recursos públicos relevantes sin que, hasta el momento, se reflejen resultados proporcionales en la mejora efectiva del servicio para la ciudadanía.


Marco jurídico aplicable


Las conductas relacionadas con la gestión de recursos públicos y la operación de organismos estatales se encuentran reguladas, entre otros ordenamientos, por:


• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público (artículo 134).


• La Ley General de Responsabilidades Administrativas.


• La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.


• La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.


• La normativa interna aplicable a Metrorrey.


Posibles faltas administrativas


De manera enunciativa, más no limitativa, los hechos denunciados públicamente podrían encuadrar en diversas faltas administrativas, tales como:


1. Uso indebido de recursos públicos, cuando el gasto ejercido no se traduce en beneficios reales, medibles y verificables para el servicio público encomendado.


2. Negligencia administrativa, derivada de la falta de planeación, supervisión o control en proyectos de movilidad que presentan retrasos, fallas técnicas o resultados insuficientes.


3. Incumplimiento de funciones, en caso de que los servidores públicos responsables no hayan garantizado la correcta operación y mantenimiento del sistema de transporte.


4. Falta de rendición de cuentas y transparencia, cuando no se informa de manera clara y accesible sobre el destino de los recursos, los contratos celebrados y los resultados obtenidos.


Estas conductas, de acreditarse, podrían dar lugar a responsabilidades administrativas tanto para servidores públicos directos de Metrorrey como para funcionarios de mayor jerarquía que autoricen, supervisen o dirijan el ejercicio del gasto.


Responsabilidad del Ejecutivo Estatal


Si bien Metrorrey cuenta con personalidad jurídica propia, el Ejecutivo Estatal tiene una responsabilidad política y administrativa relevante en la definición de prioridades presupuestales, en la supervisión de los organismos públicos y en la correcta aplicación de los recursos asignados.


El gasto reiterado en proyectos de transporte sin resultados tangibles para la población puede constituir una violación a los principios constitucionales que rigen el ejercicio del gasto público, especialmente cuando persisten deficiencias estructurales en el servicio, afectando de manera directa el derecho de la ciudadanía a una movilidad digna y eficiente.


Conclusión


La situación del Metro de Monterrey evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva del ejercicio de los recursos públicos destinados al sistema de transporte y de las decisiones administrativas adoptadas por la actual administración estatal.


Corresponde a los órganos de control, fiscalización y, en su caso, a las instancias jurisdiccionales, determinar la existencia de faltas administrativas y deslindar responsabilidades conforme a derecho.


Mientras ello no ocurra, el uso intensivo de recursos públicos sin resultados proporcionales continúa siendo un tema de legítima preocupación jurídica y social.

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